Formación y divulgación

Cuando hablamos de accesibilidad universal, muchas veces caemos en el error de pensar que cualquier persona, con un poco de buena voluntad y experiencia personal, puede liderar el cambio en nuestras ciudades y municipios. Pero, ¿acaso contratarías a una persona aficionada para diseñar un puente o redactar un plan urbanístico? ¡Claro que no! Entonces, ¿por qué la accesibilidad sigue siendo vista como un terreno de improvisación?

Las y los profesionales de la accesibilidad nos formamos, analizamos y trabajamos con herramientas técnicas para garantizar que un espacio, producto o servicio sea inclusivo para todas las personas. Nuestro trabajo implica entender normativas, conocer las necesidades diversas y tener la capacidad de diseñar soluciones reales que funcionen en contextos específicos y teniendo en cuenta la diversidad de posibles usuarios y usuarias. Y sí, ese conocimiento tiene un precio, como cualquier profesión técnica.

Aquí es donde queremos poner el acento: las asociaciones de personas con discapacidad son esenciales en este proceso. Sus vivencias y experiencias son valiosísimas para validar los resultados de nuestras intervenciones, para dar sentido humano a lo que de manera técnica los y las profesionales llevamos a cabo. Pero no confundamos roles. Las asociaciones no deberían ser quienes carguen con la responsabilidad técnica de la accesibilidad, y mucho menos ser contratadas con tarifas que están por debajo de un precio justo y competitivo. Eso no solo perpetúa la precarización de su trabajo, sino que también refuerza la percepción de que la accesibilidad es un campo de trabajo altruista y sin valor profesional.

Las entidades locales tienen una enorme responsabilidad en esta ecuación. Necesitan asesoramiento especializado, herramientas modernas y una perspectiva profesional que asegure el cumplimiento de normativas y, más importante, que traduzca esas normativas en soluciones reales para las personas. Contratar a profesionales en esta materia es una inversión en igualdad, inclusión y futuro.

Así que, cuando una entidad local planee su próximo proyecto de accesibilidad, hagamos un llamado a la coherencia: que los presupuestos reflejen el valor real del trabajo. Que se reconozca a las asociaciones como las aliadas que son, no como proveedoras de servicios técnicos mal remunerados. Y que la accesibilidad deje de ser el “parche” simpático y pase a ser el derecho profesionalizado que siempre debió ser.

Si queremos que la accesibilidad sea un eje transversal, debemos garantizar que cada quien esté donde debe estar. Las asociaciones validando, las entidades locales mejorando por y para la ciudadanía y las y los profesionales asesorando. Porque cuando cada pieza del engranaje funciona como debe, el resultado es un mundo accesible para todas las personas. Y eso, amigas y amigos, no tiene precio.